A raíz de proclamarse la nueva constitución de la República, Cuba dio un gran paso en materia de derechos sexuales estableciendo las bases de todo un articulado de leyes que garantizarán los derechos de todas las personas. Así lo hizo ver el MsC. Manuel Vázquez Seijido, subdirector del CENESEX, en su conferencia “Constitución en Cuba: debates y urgencias para los derechos reconocidos” durante la 4ta conferencia científica de dicho centro desarrollada el 5 de abril.

Vázquez Seijido comenzó reflexionando sobre la errónea interpretación de las cifras que hicieron pensar que el artículo 68 fue propuesto a cambio por la mayoría de la población. “De 9.000.000 de cubanas y cubanos que participaron en los debates de la propuesta de Constitución, solo 158.376 propusieron cambiar el artículo 68. Esto representa menos del dos por ciento de las personas que participaron en el debate. Del resto no tenemos certeza sobre su posicionamiento“, aseguró.

MsC. Manuel Vázquez Seijido. Foto tomada del perfil institucional en facebook del CENESEX.

Afirma que el tema de los derechos sexuales cobra por primera vez una relevancia particular e invita a realizar un repaso sobre algunos artículos que la constitución identifica como fundamentales. Estos son la base sobre la cual debe edificarse e interpretarse el ordenamiento jurídico, más allá de los principios de interpretación que el derecho coloca en dependencia de la rama de la cual se trate.

En el artículo 1 se habla de los principios fundamentales y se hace alusión a la igualdad, que en esta ocasión se acompaña de la equidad. Ello debe impactar en el resto del texto y la legislación que a partir de la misma se estructure. Estos, además, son valores fundantes de nuestro contexto político – social y serán, sin lugar a dudas, uno de los fundamentos que acompañen en primera instancia la modificación del Código de Familia.

Por primera vez, hay una alusión muy concreta y menos dispersa a la cuestión de los derechos y sus garantías. Nuestra Constitución habla de Derechos Humanos, un término que no es ajeno a nuestra realidad política y que por diferentes cuestiones y durante un tiempo nos generó algunos temores; un arma que entregamos y que utilizaron muy bien quienes tenían el propósito de generar dificultades al desarrollo de nuestro proyecto social.

En este sentido, hay un artículo 40 donde se encuentra el fundamento utilizado en todos los contextos avanzados en temas de derechos sexuales, particularmente en cuestiones relativas al tema de la orientación sexual e identidad de género, que suelen ser los más controversiales unido a los temas reproductivos, como el caso del aborto. Nuestra Constitución reconoce como valor supremo la dignidad humana en el reconocimiento del ejercicio de los deberes y derechos consagrados en el texto.

El artículo 41, además del valor supremo de la dignidad humana, incorpora un grupo de principios como el de progresividad –que no estaba en el texto anterior-, y es un límite claro al legislador u autoridades que generan normas jurídicas. Indica que nunca puede haber retrocesos en el reconocimiento de derechos: los que están se quedan y lo que debe suceder es que se amplíe dicho catálogo.

A la progresividad también se le conoce como “efecto escalera” en materia de derechos humanos: siempre ascendente, nunca descendente. Esto genera una seguridad jurídica importante porque fija límites a la producción legislativa en temas de derecho, aunque también está el asunto de la igualdad y no discriminación. Ha sido un principio que no estaba antes en el Código y a este binomio nos hemos asido desde el CENESEX y el grupo de instituciones que hemos estado generando los avances en materia de derechos sexuales. Ya no solo se habla de igualdad: ahora se incorpora equidad y se reconoce el principio de igualdad y no discriminación.

MsC. Manuel Vázquez Seijido. Foto tomada del perfil institucional en facebook del CENESEX.

El artículo 42 podría considerarse más revolucionario que el 68 del anteproyecto. Va a tener un impacto y alcance más amplio que el artículo 82 y básicamente constituye un respaldo para este último. Introduce la discriminación por razones de sexo, género – esto es un asidero constitucional para atender profundamente las realidades intersexuales utilizando el sexo con la implicación biológica que tiene – orientación sexual e identidad de género. Esto no tiene precedentes en el área y a nivel mundial somos pocos los países – específicamente hay 10 – que proscriben la discriminación por orientación sexual e identidad de género, elevándolo al rango constitucional.

Es más abarcador que el 82 porque obliga al legislador a revisar todas las normas jurídicas que en nuestro país resultaren inconstitucionales teniendo en cuenta que generan alguna discriminación por orientación sexual e identidad de género. Léase que discriminación en una norma no es necesariamente que se denigre, subvalore o se prohíba el acceso a algún servicio a un grupo de personas; es también cuando se omite, no se es claro, cuando solo se reconoce a un grupo de personas y se omiten a otros grupos y/o cuando no se regulan determinadas realidades o necesidades.

Será en buena medida el responsable de que debamos repasar nuestro Código Penal para incorporar, con la fórmula más atinada, una protección a las personas cuyos derechos resultan lesionados por motivo de su orientación sexual e identidad de género. Pudiera haber muchas variantes, como agravantes de delitos específicos o agravantes generales, pues la Constitución está reforzando la protección a las personas por orientación sexual e identidad de género, además de género y sexo.

A la luz de este artículo habrá que echarle un vistazo a la Ley de salud y todo lo que nuestras investigaciones están revelando con respecto a las desigualdades, inequidades y brechas en el acceso a servicios de salud, porque el texto describe a la Salud Pública como un derecho del cual el estado garantiza acceso y calidad.

Habría incluso que diseñar mecanismos para que las personas que sientan no tener acceso al servicio puedan generar las quejas pertinentes y obtener las respuestas necesarias, así como los procedimientos en caso de que se necesiten por vía judicial. Se debe revisar además, todas aquellas normas en la cuestión a los procesos de enseñanza y aprendizaje que generan brechas de discriminación y estereotipos de género.

Igualmente se ha de trabajar en la Ley de registro civil y su reglamento, que actualmente veda la posibilidad – sobre todo por la interpretación de la norma – de que las personas transgénero puedan modificar su nombre por vía administrativa y queda como único camino la cirugía de readecuación genital para entonces acceder a estas modificaciones.

Otro de los elementos estrechamente vinculado al reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales en el texto constitucional y que hallarán una necesaria expresión en las leyes complementarias es el derecho a formar una familia, a tener hijos e hijas o no tenerlos. Nótese que el capítulo III habla de las familias, en plural. Las normas no solo buscan retratar una realidad social particular y organizarla, ordenarla y regularla; también tienen una vocación educativa, modificar el contexto que están regulando.

En el artículo 81 se establece que “Toda persona tiene derecho a fundar una familia. El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines”. Estos fines no fueron colocados en el texto constitucional, una interesante decisión, porque se desmarca la procreación como fin último de la familia, algo armónico con la idea de comprender las distintas regulaciones de las familias. Este artículo es reconocimiento y garantía de manera directa de un grupo de derechos sexuales consagrados a nivel internacional, como el derecho a formar una familia sin importar la configuración de estas y a tener hijos o hijas o no tenerlos. Luego el artículo expresa que “La protección jurídica de los diversos tipos de familias es regulada por la ley”.

El artículo 82 destierra toda distinción o alusión al binarismo hombre-mujer –afortunadamente levantado de una vez y por todas del texto en lo relativo a la relación jurídica matrimonial- y habla de cónyuges. Define el matrimonio de manera sintética y remite a una ley de desarrollo, algo que también hacía el 68. Reconoce las uniones de hecho, estables, singulares, que antes no estaban consagradas en el texto constitucional y que eran una dificultad. Habla de las uniones en términos generales.

Manuel es miembro de la comisión redactora del código de familias y junto a su equipo en el Centro Nacional de Educación Sexual se encuentra orientando a nuestros(as) legisladores(as) atendiendo a las particularidades de los diferentes grupos poblacionales. Reconoce que uno de los desafíos más importantes es que las instituciones comprometidas con procesos educativos sean capaces de acompañar estos pasos.

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